domingo, 10 de mayo de 2009

El escándalo de los abusos en gastos oficiales hunde la imagen de Brown

El País

El 90% de los británicos cree que los diputados han arruinado su reputación

WALTER OPPENHEIMER - Londres

Los políticos británicos sufrieron ayer un nuevo día de profundo desprestigio colectivo con la publicación de la segunda entrega del diario The Daily Telegraph de una serie de reportajes sobre cómo los diputados de la Cámara de los Comunes abusan del sistema que les permite pagar con dinero público diversos gastos personales y, en especial, cómo se aprovechan de la ambigüedad de la legislación para mejorar y revalorizar viviendas de su propiedad.

Si la primera entrega, el viernes, se centró en 13 miembros del Gobierno, incluido el primer ministro Gordon Brown, ayer, el diario conservador británico detalló los abusos en la segunda línea del Gabinete: lo que en España se llaman secretarios de Estado y en el Reino Unido se denominan ministros. El caso más llamativo es el de la responsable de Turismo, Barbara Follet, que está casada con el escritor multimillonario Ken Follet y que cargó al Estado 28.000 euros en seguridad privada porque se sentía insegura en el Soho, donde tiene su segunda residencia. El responsable de Inmigración, Phil Woolas, se hizo pagar tampones, pañales y ropas de mujer. Y el de Asuntos Sociales, Phil Hope, gastó más de 41.000 euros en mobiliario para un piso de 47 metros cuadrados.

El diario relata también diversos casos de diputados laboristas, como el ex ministro Keith Vaz, al que acusa de recibir 84.000 euros por su piso de Westminster a pesar de que su residencia se encuentra en Stanmore, a menos de 20 kilómetros del centro de Londres y con línea de metro directa hasta las puertas del Parlamento.

Otra diputada, Margaret Moran, ha reclamado 25.000 euros por la renovación de una propiedad en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, a pesar de que ella es diputada por Luton, una ciudad situada al norte de Londres y que queda a 160 kilómetros de Southampton.

El problema es que el espíritu de la ley permite que los diputados reciban ayudas públicas para mantener una de las dos residencias que normalmente han de mantener abiertas para ejercer su tarea: una en Londres, donde está el Parlamento, y otra cercana a su circunscripción, donde muchos fines de semana atienden a los votantes.

Como en la víspera, los numerosos casos publicados por el diario hablan más de abusos que de ilegalidades y han puesto en entredicho al conjunto de la clase política. Se espera que el Telegraph empiece a publicar el lunes los gastos que se han hecho reembolsar los parlamentarios del Partido Conservador.

Pero la revelación de los gastos de los diputados también puede acabar afectando a la reputación del diario que los está publicando. El Telegraph no ha hecho más que adelantarse al Parlamento, que tenía previsto hacer públicos estos datos en julio para cumplir así una orden judicial en aplicación de la Ley de Libertad de Información. Desde hace meses se sabe que alguien estaba intentando vender esa información y se sospecha que el Telegraph ha acabado pagando por ella.

Comprar información es algo habitual en la prensa británica, pero en este caso podría tratarse de información robada y el diario londinense podría acabar afrontando el pago de una fuerte multa. El Telegraph se defiende con el argumento de que sus informaciones son de interés público y que el Parlamento no iba a publicar las direcciones de los diputados, por lo que hubiera sido imposible detectar uno de los principales fraudes al espíritu de la ley: ir designando diferentes residencias para así aprovechar mejor las ayudas públicas. Aunque esas residencias estén al lado de Londres, como en el caso del diputado Vaz, o a enorme distancia del lugar donde hacen política, como la diputada Moran. De momento, un funcionario de los Comunes ha comunicado a Scotland Yard que sospecha que hay un topo que está pasando información al Daily Telegraph.

Según una encuesta de ICM, que publica hoy News of the World, la imagen del primer ministro ha quedado dañada. Así lo cree el 68% de los encuestados. Aún es peor para los diputados: el 90% afirma que las revelaciones han salpicado su reputación.

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