martes, 21 de julio de 2009

EXCLUSIVA: La primera gran entrevista a Lopes da Mota

24 Horas


El presidente de Eurojust será objeto de una investigación por supuestas presiones sobre colegas del proceso Freeport. La conducción será realizada por un inspector sobre quien lanzó sospechas

Texto de Duarte Levy

Tanto en el caso Maddie como en caso Freeport, ¿recibió alguna petición de intervención personal del Primer Ministro o de un miembro cualquiera del Gobierno o del Partido Socialista? Obviamente no. En mis funciones, en Portugal, dependo única y exclusivamente del Procurador General de la República.

En las acusaciones que le han sido hechas sobre las supuestas presiones, ¿qué habló con los dos magistrados que tienen el dossier Freeport? ¿Cuál es la explicación para esas acusaciones? No lo puedo revelar.

En las acusaciones que le han hecho, se le ha asociado también con el llamado caso Felgueiras y la supuesta protección a la alcaldesa Fátima Felgueiras: ¿cómo explica que se siga hablando de esa historia? Los señores periodistas sabrán porqué. El llamado caso Felgueiras fue objeto de una investigación, a petición mía, y se concluyó que no hice nada, porque no hice nada. También me gustaría saber porqué siguen haciéndome acusaciones falsas e infundadas, sin respeto alguno por la verdad, por mi persona o por mis derechos.

El procurador José Eduardo Guerra es miembro de Eurojust y es el mismo que archivó el caso en que el Sr. Dr. era sospechoso de pasar información a Fátima Felgueiras sobre el proceso del saco azul del ayuntamiento de Felgueiras. Ahora es su hermano, Carlos Guerra, quien fue constituido arguido en el caso Freeport, el mismo proceso en que el Dr. es acusado de haber ejercido presiones con dos magistrados. En Portugal muchas veces han destacado estos hechos, indicando la existencia de algo más que una coincidencia. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Lamento las falsedades e insinuaciones hechas. El Dr. José Eduardo Guerra no archivó ningún proceso en el que yo fuese acusado de nada. Fui oído por el Dr. Guerra como testigo –repito como testigo- en un proceso contra un periodista del diario “Público”, en el que era ofendida la Fiscalía General de la República, y nada más. Quien finalizó el proceso y lo archivó, como es del conocimiento público, fue la Sra. procuradora Teresa Almeida, del DIAP de Lisboa, en 2008. El Dr. Guerra llegó a Eurojust en 2007 y el caso Freeport llegó a Eurojust en septiembre de 2008, un año después. El dr. Guerra nunca tuvo ningún contacto en el caso.

¿Ya sabe cuando se va a anunciar la decisión del Consejo Superior del Ministerio Público en el proceso disciplinario iniciado contra usted y asociado al caso Freeport? ¿Recibió alguna indicación sobre la investigación que le ha sido realizada? No. Como es público, la defensa fue entregada y sigue los trámites normales de acuerdo con la ley.

La mayoría de los miembros de Eurojust mantienen la confianza en su trabajo aunque en Portugal han surgido en innumerables ocasiones voces que sugieren que debería dimitir. ¿Cree que las acusaciones que le fueron hechas, independientemente de la conclusión del proceso disciplinario, podrían afectar a su trabajo o al trabajo del organismo que dirige? Soy miembro nacional, porque soy magistrado. Un magistrado no dimite. Está sujeto a las reglas del Estatuto del Ministerio Público. Sigo, con mucha honra, haciendo mi trabajo de presidente de un organismo europeo, para el que fui elegido, con la confianza y apoyo de mis colegas. Muchas de las voces oídas no tienen la más mínima idea de lo que es ni como funciona Eurojust. Lo que pasa en Portugal no tiene nada que ver con mis funciones de presidente del organismo. Lamento profundamente las afirmaciones hechas por responsables políticos portugueses cuestionando mi situación en Eurojust.

En una entrevista el PGR, Pinto Monteiro, defiende que corresponde al Ejecutivo posicionarse sobre su eventual salida de Eurojust, en cuanto a José Sócrates y Alberto Costa han asumido una posición contraria. ¿No es prematuro, antes del final del proceso disciplinario, que estas personalidades estén discutiendo su eventual salida o es eso indicador de cuál va a ser la conclusión? El régimen de designación de los miembros nacionales está en la ley de la Asamblea de la República, que está siendo estudiada.

Teniendo en cuenta los arguidos del caso Freeport y todas las acusaciones que han sido hechas, concretamente por el PSD y por el PP-CDS, ¿cree que aun existen condiciones de trabajo para los miembros portugueses de Eurojust? Obviamente sí.

Todas las acusaciones que le han sido hechas sugieren una relación con el Partido Socialista. ¿Qué relación tiene con el PS y con José Sócrates? Ninguna. Fue invitado por el dr. Vera Jardim para el cargo de secretario de Estado de Justicia, en 1996, como independiente –era uno de los muchos independientes del primer Gobierno Guterres. Me sentí muy honrado con la invitación, que encaré como una misión de servicio público, y, al final, regresé a la magistratura. No es nada inédito; muchos magistrados ejercieron funciones políticas.

Fuentes de la magistratura e incluso de la policía hablan de una trampa –una “campaña negra”, como le llamó el Primer Ministro. ¿Cuál es su opinión sobre esta supuesta campaña? ¿Cuáles serían los objetivos y origen? Lo desconozco.

Eurojust, la organización que preside, intervino en dos casos relacionados con Inglaterra: el caso Maddie y el caso Freeport. ¿Qué tipo de ayuda le fue solicitada y cuál fue su participación personal en los dos casos? No me pronuncio sobre casos concretos. Las competencias de Eurojust, que es un órgano de cooperación judiciaria (no de investigación o acusación), son públicas y se desarrollan en base al Acuerdo del Consejo de 28 de febrero de 2002 y de la Ley 36/2003, de 22 de agosto.

Eurojust sirvió de intermediario entre Portugal e Inglaterra, sin alterar en ningún momento las peticiones de las autoridades. ¿Cuánto tiempo tardó esa mediación y por qué razón las respuestas inglesas tardaron tanto tiempo? Una de las funciones de Eurojust es facilitar y hacer más rápida la cooperación, que es compleja y lenta, y eso es lo que se hizo.

En ambos casos, ¿cómo califican la cooperación de las autoridades inglesas? ¿Es normal que ellos respondan mal y fuera de plazo a este tipo de peticiones de las autoridades portuguesas? Esta situación, de acuerdo con la experiencia que tiene en Eurojust, ¿existe únicamente con Portugal o el comportamiento británico es igual para todos los demás países? La cooperación con el Reino Unido en el ámbito de Eurojust funciona muy bien.

Durante los últimos años se han hechos muchas críticas a la Justicia en Portugal. ¿Cómo califica el estado de la Justicia y de aquellos que la aplican? Tenemos un modelo de Justicia avanzado, propio de una sociedad democrática, bien diseñado según los principios, que ofrece confianza. Nuestro problema, que no es exclusivo de la Justicia, tal vez tenga más que ver con la organización y poner los modelos en funcionamiento. No podemos pedir a la Justicia, concretamente a la justicia penal, que resuelva los problemas que no son de la Justicia.

Se prohíbe al procurador publicar el proceso – Vence el inspector

Texto de Duarte Levy

La petición de Lopes da Mota sobre la destitución del inspector responsable del proceso disciplinario del que fue objeto en el ámbito de las supuestas presiones a los magistrados del caso Freeport, fue desestimado ayer.

A pesar de los fundamentos presentados por el magistrado portugués que preside Eurojust –organismo de la Unión Europea de cooperación judiciaria en materia penal- la Sección Disciplinar del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) desestimó la petición de destitución del inspector Vitor Santos Silva por entender que no existen dudas en cuanto a su intención y objetividad.

El CSMP, que se reunió durante casi dos horas y media, también desestimó la petición del presidente de Eurojust para que la Fiscalía General de la República considerase abierto al público el proceso disciplinario instaurado por el PGR.

En un comunicado, el CSMP, que también acordó por unanimidad desestimar la diligencia, justifica la desestimación “porque el régimen en vigor no lo permite.”

Nada personal

“Personalmente no tengo nada contra el inspector. Se trata únicamente de aquello que está previsto en el Estatuto del Ministerio Público en materia de impedimentos y suspensiones en los casos de procedimientos disciplinarios,” dijo el procurador General adjunto a 24 horas, subrayando que el objetivo era “que le fuese garantizado una exención total de aquellos que van a estudiar y juzgar el resultado de las investigaciones” de las alegadas presiones que, una vez más, reafirmó no haber ejercido.

El resultado de la reunión de la Sección Disciplinaria del CSMP no sorprendió, ya que miembros de ese organismo, en declaraciones a la prensa antes incluso del inicio de la reunión, habían avisado que los argumentos presentados por Lopes da Mota ya habían sido invocados varias veces aunque siempre fueron desestimadas.

24horas intentó, hasta la hora de cierre de esta edición, contactar con el inspector revisado quien estuvo ilocalizable en todo momento.

En Estocolmo, al margen de la reunión informal de los ministros europeos de Justicia e Interior Lopes da Mota respondió a las preguntas de 24horas, explicando que “sigue ejerciendo las funciones para las cuales fue elegidos por los demás magistrados europeos que componen Eurojust con la máxima serenidad.

Traducción de Mercedes