miércoles, 15 de julio de 2009

Una única condena en los casos de agresiones en la PJ

Jornal de Noticias

por Lusa

14 de julio de 2009

Cuatro casos de supuestas agresiones por agentes de la Policía Judiciaria contra detenidos llegaron ante el tribunal, aunque solo uno, en el marco del Caso Joana, resultó en una condena.

El primer juicio contra inspectores tuvo lugar en el año 2000, cuando el inspector jefe José Abrantes y otros tres inspectores de la PJ de Lisboa fueron acusados por un delito contra la integridad física y el secuestro de un hombre identificado como un potencial informador en el ámbito del proceso Gang da Passarelle.

Rui Nunco Marques acusó a los cuatro inspectores de la PJ de haberlo secuestrado y trasladado a las instalaciones de la Judiciaria, donde dice haber sido agredido con el objetivo de conseguir que revelase información para la investigación del caso.

El tribunal dio como probada la agresión en las instalaciones de la PJ, sin que, a pesar de todo, haya conseguido averiguar su autoría, por lo que José Abrantes y los otros tres agentes fueron absueltos.

En septiembre de 2004, después de la desaparición de la niña de ocho años, la madre, Leonor Cipriano, fue interrogada en las instalaciones de la PJ de Faro, donde afirmó haber sido torturada por los inspectores con el fin de obtener una confesión de la autoría de la muerte de su hija, junto con su hermano, João Cipriano.

Cinco actuales y ex inspectores de la PJ fueron llevados a juicio con jurado, con el Colegio de Abogados interviniendo por primera vez en la historia de la justicia portuguesa en el proceso como asistente de la acusación.

Aunque el tribunal de Faro ha dado como probada la tortura de Leonor Cipriano, no consiguió probar quién infligió la agresión ni de que forma, de modo que Leonel Marques, Paulo Pereira Cristóvão y Paulo Marques Bom fueron absueltos.

Por su parte, Gonçalo Amaral fue absuelto del delito de omisión de denuncia, aunque el colectivo de jueces presidido por Henrique Pavão condenó al ex inspector de la PJ a un año y medio de prisión con pena suspendida por igual período por un delito de falso testimonio.

El quinto inspector llevado a juicio, António Cardoso, fue condenado a dos años y medio de prisión con pena suspendida por igual período por un delito de falsificación de documento público.

En 2007, un inspector de la PJ de Oporto, Machial Pinto, tuvo que comparecer ante el tribunal, después de haber sido acusado de agredir, en el transcurso de un interrogatorio, a un hombre sospechoso de asesinar a su mujer.

El agente de la PJ refutó las acusaciones y subrayó en el tribunal que el sospechoso, atendido en el Hospital de São João, en Oporto, donde permaneció durante 45 minutos debido a un “traumatismo craneal sin especificar”, “se tiró contra un inspector”, por lo que se vio obligado a intervenir en ayuda de su compañero y obligado a dominarlo en “el cuelo”.

El tribunal acabó por no condenar al inspector de la PJ de Oporto.

El Caso Ferroviario se remonta también a 2007, con tres inspectores de la PJ siendo acusados por una supuesta agresión a un hombre sospechoso de robo, con el aplazamiento de la primera sesión en Tribunal Penal de Lisboa.

La audiencia, aun sin fecha, llegó a estar fijada para el mismo momento en que comenzó el juicio de los actuales y ex inspectores de la PJ en el ámbito del mediático Caso Joana.

Con motivo del juicio sobre la comisión de tortura por la se querelló Leonor Cipriano, madre de la niña desaparecida en el Algarve en septiembre de 2004, el Gobierno creó un manual de condiciones de detención en la PJ, para que los derechos de los detenidos sea respetados.

Contactado por la agencia Lusa, António Pragal Colaço, abogado de la ASFIC (Asociación Sindical de Funcionarios de Investigación Criminal de la Policía Judiciaria), criticó a la justicia por juzgar casos de agresiones atribuidas a inspectores de la PJ.

“Los tribunales en Portugal deberían preocuparse de perseguir a los delincuentes y no a los policías”, subrayó, revelando “preocupación” y “estupefacción” por el hecho de que agentes de investigación criminal sean juzgados por ejercer actos de violencia contra detenidos.

Traducción de Mercedes

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