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SOL
El juicio ligado a la supuesta agresión por parte de miembros de la policía judicial a Leonor Cipriano, madre de Joana que se encuentra cumpliendo pena de prisión, continúa hoy en el Tribunal de Faro con la audición de testigos de la acusación y la defensa.
La última sesión del juicio, el día 4 de este mes, quedó marcada por el testimonio de la médico Irene Posalaky de la prisión de Odemira, donde Leonor Cipriano estuvo en prisión preventiva y donde cumple actualmente una pena de prisión de 16 años por el crimen de homicidio cualificado y ocultación de cadáver.
Irene Posalaky admitió haber visto el 18 de octubre de 2004 a Leonor Cipriano con varias lesiones en la cara, pecho, espalda, brazos y rodillas y que la heridas no eran fruto de una caída por las escaleras.
Otra testigo de este proceso, Natália Silva, funcionaria de la prisión de Odemira que fotografió las lesiones supuestamente infligidas a Leonor Cipriano, confirmó también en el tribunal que Leonor Cipriano tenía “manchas rojas” en la cara y tronco y que recibió “órdenes superiores” para tomar las fotos.
Natália Silva, que trabaja en el área administrativa de establecimiento penal, dice tener la certeza de que la fotografías fueron captadas un viernes, día 15 de octubre de 2004, confirmando también que fue ella quien las pasó al disquete.
La sesión del 29 de octubre quedó marcada como el testimonio de uno de los guardias de la prisión de Odemira que admitió, que la directora del establecimiento le habría sugerido que alterase el informe donde se describían las lesiones.
Este proceso de las supuesta agresión a Leonor Cipriano por parte de inspectores de la PJ está relacionado con el denominado caso Joana, que remonta al 12 de septiembre de 2004, día en que la niña, de ocho años, desapareció de la aldea de Figueira, Portimão, Algarve.
La madre, Leonor Cipriano, y el tío, João Cipriano (ambos hermanos), están condenados por el Tribunal Supremo de Justicia a 16 años de prisión cada uno, por los crímenes de homicidio y ocultación del cadáver de la niña.
La acusación del Ministerio Público contra los inspectores de la Judiciaria surge en la secuencia de los interrogatorios de la PJ de Faro. Tres inspectores son acusados del crimen de tortura, uno de no haber prestado auxilio y por omisión de denuncia y un quinto es acusado de falsificación de documento público.
Lusa/SOL
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