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El Confidencial
Para dar la razón a Bertolch Brecht cuando decía que algunos jueces son tan incorruptibles que no hay manera de convencerles para que hagan justicia, el Consejo General del Poder Judicial ha perseverado en su decisión de imponer una multa de 1.500 euros al juez Tirado, un señor tan desbordado por el trabajo y la falta de medios que dejó sin ejecutar la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña Mariluz, razón por la cual, la niña cría hoy malvas en vez de jugar con la PlayStation 3. Simultáneamente, el gremio de la toga quiere ir en febrero a la huelga para expresar lo mucho que sufren sus integrantes por lo mal que está la justicia, una situación en la que sus ilustrísimas no tienen ninguna responsabilidad por si no se habían dado cuenta.
La decisión sobre el juez Tirado tendría que crear jurisprudencia, de manera que otras profesiones tan estresantes como la de juez, que es un sinvivir, puedan beneficiarse de la comprensión de la Judicatura. Así, si a un ingeniero se le cae una presa y ahoga a cuatro pueblos, habrá que valorar antes de condenarle cuántos proyectos tenía sobre su mesa, porque es humano distraerse y tener un error en una suma. De la misma forma, si un médico ocupadísimo se deja el teléfono móvil en el interior de un paciente estaremos obligados a ser indulgentes, aunque la alarma del despertador suene en el entierro y distraiga de su dolor a la familia.
Gracias a Montesquieu, que estará fiambre como decía Alfonso Guerra pero sigue de cuerpo presente, hemos confiado el tercer poder del Estado a 4.500 personas a los que no exigimos que tengan sentido común ni sensibilidad social, ni siquiera que no cometan la estupidez de decretar un año de alejamiento para una madre que reprendió a su hijo con un bofetón. Según parece, nos basta con que hayan aprobado una oposición muy dura y sean capaces de recitar de memoria algún artículo del Código Civil, que eso sí que es prueba de capacidad y mérito. Es decir, que nos hemos puesto en manos de unos sujetos muy aplicados en sus estudios, algo que, aunque a ellos pueda resultarles extraño, no es vacuna suficiente contra la imbecilidad.
Para protegerse de una posible incomprensión, los sesudos funcionarios que componen nuestra Justicia han entablado entre sí lazos de solidaridad que van más allá de lo imaginable. De hecho, se han conjurado para que nada de lo que ocurra a su alrededor puede achacarse a sus deficiencias sino a las de los demás. A los jueces no se les olvida prorrogar la fecha de prisión de los narcotraficantes; si éstos salen en libertad por la puerta falsa es porque no hay ordenadores o por la mala cabeza de algunos secretarios judiciales. No es que sus togadas eminencias trabajen lo justito, jueguen mucho al golf y, a consecuencia de ello, se les acumulen los expedientes, sino que hay mucho interino que no distingue una providencia de un auto, y así es que no se puede, oiga. En definitiva, que nunca hay dejación de funciones sino insuficiencias estructurales ajenas a estos vigorosos servidores públicos.
Injerencia inadmisible
Admitida esta tesis, afear las conductas de estos destajistas del Derecho ha de considerarse una injerencia inadmisible, por mucho que a Zapatero le molesten algunas de ellas, haga comparecer en el Congreso a Carlos Dívar, que es un santo varón o, al menos, muy católico, y amenace, como hizo este viernes, con reformas legales para evitar que al juez Tirado sólo le cueste 1.500 euros irse de rositas. ¿Acaso a Noé se le puede hablar impunemente de lluvia?
Si de algo han pecado nuestros jueces ha sido de prudencia. Hasta que no murió la pequeña Mariluz no supimos que había 270.000 sentencias no ejecutadas en España, dato que el Consejo General del Poder Judicial debía conocer, pero que, seguramente, no aireaba para que no nos preocupáramos innecesariamente. Sufrían sin proferir queja alguna, callaban para no llenar de nubarrones nuestro venturoso Estado de Derecho, y en pago a su silencio criticamos su corporativismo. No tenemos perdón de Dios.
Molestos por nuestra displicencia, los hacedores de Justicia preparan una huelga el 18 de febrero, que es más bien un cierre patronal ya que quienes llaman a la movilización no son las asociaciones de magistrados sino las propias Juntas de Jueces. Bastaría con imaginarnos que es por la tarde todo ese día, ya que sus señorías no pisan un juzgado en horario vespertino ni en defensa propia, pero no podremos ignorar el mensaje de que se rebelan porque sus desvelos no son apreciados.
La culpa de que la Justicia sea decimonónica, lenta, ineficiente, un cachondeo y, en muchas ocasiones, manifiestamente injusta es culpa, por este orden, del Gobierno y de la oposición, que no ponen medios, de los ordenadores de IBM que son una castaña, de los becarios de los Juzgados, del personal de plantilla, de los secretarios, de los abogados que son unos zotes, de los delincuentes que no dejan de delinquir, de los ciudadanos que se creen víctimas de delitos inexistentes y hasta de San Raimundo de Peñafort, que no hace el milagro de dar curso divino a los legajos. Los jueces son inocentes y cobran poco. Es bueno saberlo.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 990.
Corresponde al Juez o Tribunal a quien el presente Código impone el deber de hacer ejecutar la sentencia, adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin requerirá el auxilio de las Autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno.
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Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de Marzo 2008
RECURSO ADMINISTRATIVO. JUEZ. SANCIÓN. NEGLIGENCIA EN LAS CAUSAS. Se interpone recurso administrativo por el Magistrado-Juez Central de Instrucción nº NUM000 de la DIRECCION000, la sanción de suspensión de funciones por tiempo de un año como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- de desatención en la tramitación y resolución de procesos y causas*. Es cierto que el buen funcionamiento de una oficina judicial exige un reparto de tareas y hace inevitable un nivel de confianza del Juez en lo que realiza el equipo de funcionarios que integra la plantilla del Juzgado. Pero hay funciones que, por su trascendencia en el proceso penal, requieren por parte del Juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran delegación ni confianza. Entre estas funciones figuran, por lo que antes ya se destacó, la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas. Debiéndose recordar lo que ya en pronunciamientos anteriores ha dicho esta Sala: que el titular del órgano jurisdiccional tiene la importante responsabilidad de ponderar la importancia y urgencia de los asuntos que estén en trámite y, en función de ello, realizar la atención prioritaria y el control riguroso que la singular naturaleza de algunos de ellos demande. (...)
*Artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - FUNCIONARIOS. DESATENCIÓN. La desatención es una falta muy grave que cometen los Jueces y Magistrados cuando obran con descuido o ligereza muy graves en la iniciación, tramitación o resolución de las causas o procesos de los que conocen o en el ejercicio de cualesquiera competencias judiciales. Se estima el contencioso administrativo.
El Mundo
Para dar la razón a Bertolch Brecht cuando decía que algunos jueces son tan incorruptibles que no hay manera de convencerles para que hagan justicia, el Consejo General del Poder Judicial ha perseverado en su decisión de imponer una multa de 1.500 euros al juez Tirado, un señor tan desbordado por el trabajo y la falta de medios que dejó sin ejecutar la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña Mariluz, razón por la cual, la niña cría hoy malvas en vez de jugar con la PlayStation 3. Simultáneamente, el gremio de la toga quiere ir en febrero a la huelga para expresar lo mucho que sufren sus integrantes por lo mal que está la justicia, una situación en la que sus ilustrísimas no tienen ninguna responsabilidad por si no se habían dado cuenta.
La decisión sobre el juez Tirado tendría que crear jurisprudencia, de manera que otras profesiones tan estresantes como la de juez, que es un sinvivir, puedan beneficiarse de la comprensión de la Judicatura. Así, si a un ingeniero se le cae una presa y ahoga a cuatro pueblos, habrá que valorar antes de condenarle cuántos proyectos tenía sobre su mesa, porque es humano distraerse y tener un error en una suma. De la misma forma, si un médico ocupadísimo se deja el teléfono móvil en el interior de un paciente estaremos obligados a ser indulgentes, aunque la alarma del despertador suene en el entierro y distraiga de su dolor a la familia.
Gracias a Montesquieu, que estará fiambre como decía Alfonso Guerra pero sigue de cuerpo presente, hemos confiado el tercer poder del Estado a 4.500 personas a los que no exigimos que tengan sentido común ni sensibilidad social, ni siquiera que no cometan la estupidez de decretar un año de alejamiento para una madre que reprendió a su hijo con un bofetón. Según parece, nos basta con que hayan aprobado una oposición muy dura y sean capaces de recitar de memoria algún artículo del Código Civil, que eso sí que es prueba de capacidad y mérito. Es decir, que nos hemos puesto en manos de unos sujetos muy aplicados en sus estudios, algo que, aunque a ellos pueda resultarles extraño, no es vacuna suficiente contra la imbecilidad.
Para protegerse de una posible incomprensión, los sesudos funcionarios que componen nuestra Justicia han entablado entre sí lazos de solidaridad que van más allá de lo imaginable. De hecho, se han conjurado para que nada de lo que ocurra a su alrededor puede achacarse a sus deficiencias sino a las de los demás. A los jueces no se les olvida prorrogar la fecha de prisión de los narcotraficantes; si éstos salen en libertad por la puerta falsa es porque no hay ordenadores o por la mala cabeza de algunos secretarios judiciales. No es que sus togadas eminencias trabajen lo justito, jueguen mucho al golf y, a consecuencia de ello, se les acumulen los expedientes, sino que hay mucho interino que no distingue una providencia de un auto, y así es que no se puede, oiga. En definitiva, que nunca hay dejación de funciones sino insuficiencias estructurales ajenas a estos vigorosos servidores públicos.
Injerencia inadmisible
Admitida esta tesis, afear las conductas de estos destajistas del Derecho ha de considerarse una injerencia inadmisible, por mucho que a Zapatero le molesten algunas de ellas, haga comparecer en el Congreso a Carlos Dívar, que es un santo varón o, al menos, muy católico, y amenace, como hizo este viernes, con reformas legales para evitar que al juez Tirado sólo le cueste 1.500 euros irse de rositas. ¿Acaso a Noé se le puede hablar impunemente de lluvia?
Si de algo han pecado nuestros jueces ha sido de prudencia. Hasta que no murió la pequeña Mariluz no supimos que había 270.000 sentencias no ejecutadas en España, dato que el Consejo General del Poder Judicial debía conocer, pero que, seguramente, no aireaba para que no nos preocupáramos innecesariamente. Sufrían sin proferir queja alguna, callaban para no llenar de nubarrones nuestro venturoso Estado de Derecho, y en pago a su silencio criticamos su corporativismo. No tenemos perdón de Dios.
Molestos por nuestra displicencia, los hacedores de Justicia preparan una huelga el 18 de febrero, que es más bien un cierre patronal ya que quienes llaman a la movilización no son las asociaciones de magistrados sino las propias Juntas de Jueces. Bastaría con imaginarnos que es por la tarde todo ese día, ya que sus señorías no pisan un juzgado en horario vespertino ni en defensa propia, pero no podremos ignorar el mensaje de que se rebelan porque sus desvelos no son apreciados.
La culpa de que la Justicia sea decimonónica, lenta, ineficiente, un cachondeo y, en muchas ocasiones, manifiestamente injusta es culpa, por este orden, del Gobierno y de la oposición, que no ponen medios, de los ordenadores de IBM que son una castaña, de los becarios de los Juzgados, del personal de plantilla, de los secretarios, de los abogados que son unos zotes, de los delincuentes que no dejan de delinquir, de los ciudadanos que se creen víctimas de delitos inexistentes y hasta de San Raimundo de Peñafort, que no hace el milagro de dar curso divino a los legajos. Los jueces son inocentes y cobran poco. Es bueno saberlo.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal
Artículo 990.
Corresponde al Juez o Tribunal a quien el presente Código impone el deber de hacer ejecutar la sentencia, adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal destinado al efecto, a cuyo fin requerirá el auxilio de las Autoridades administrativas, que deberán prestárselo sin excusa ni pretexto alguno.
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Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de Marzo 2008
RECURSO ADMINISTRATIVO. JUEZ. SANCIÓN. NEGLIGENCIA EN LAS CAUSAS. Se interpone recurso administrativo por el Magistrado-Juez Central de Instrucción nº NUM000 de la DIRECCION000, la sanción de suspensión de funciones por tiempo de un año como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- de desatención en la tramitación y resolución de procesos y causas*. Es cierto que el buen funcionamiento de una oficina judicial exige un reparto de tareas y hace inevitable un nivel de confianza del Juez en lo que realiza el equipo de funcionarios que integra la plantilla del Juzgado. Pero hay funciones que, por su trascendencia en el proceso penal, requieren por parte del Juez un permanente, directo y riguroso control y, paralelamente, no toleran delegación ni confianza. Entre estas funciones figuran, por lo que antes ya se destacó, la vigilancia del curso de las medidas cautelares de privación de libertad que hayan sido acordadas. Debiéndose recordar lo que ya en pronunciamientos anteriores ha dicho esta Sala: que el titular del órgano jurisdiccional tiene la importante responsabilidad de ponderar la importancia y urgencia de los asuntos que estén en trámite y, en función de ello, realizar la atención prioritaria y el control riguroso que la singular naturaleza de algunos de ellos demande. (...)
*Artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - FUNCIONARIOS. DESATENCIÓN. La desatención es una falta muy grave que cometen los Jueces y Magistrados cuando obran con descuido o ligereza muy graves en la iniciación, tramitación o resolución de las causas o procesos de los que conocen o en el ejercicio de cualesquiera competencias judiciales. Se estima el contencioso administrativo.
El Mundo
DOS PERIODISTAS DE CANAL 9 TAMBIÉN ESTÁN IMPUTADOS
Suspendido el juicio contra el padre de una de las niñas de Alcàsser por injurias en Canal 9
* Es la tercera vez que se suspende la vista oral y aún no hay fecha para su celebración
* Fernando García se enfrenta a 16 años de prisión por descalificar al fiscan en televisión
Actualizado viernes 14/11/2008 18:38 (CET)
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EFE
VALENCIA.- El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha suspendido el juicio previsto para el próximo lunes contra Fernando García, padre de una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, que se enfrenta a 16 años de prisión por descalificar al fiscal y al tribunal en un programa de Canal 9.
Así lo han indicado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que no han podido precisar el motivo de la suspensión. La semana pasada, García solicitó un aplazamiento al encontrarse su abogado enfermo.
Esta es la tercera vez que se suspende esta vista oral y, de momento, según han informado las citadas fuentes, no se ha señalado una nueva fecha para su celebración.
García y el criminólogo Juan Ignacio Blanco se enfrentan a una pena de 16 años de prisión por descalificar al fiscal, a la Guardia Civil, a los forenses y a los tres magistrados del tribunal en un programa de la televisión autonómica valenciana, emitido mientras tenía lugar la vista oral contra el único autor juzgado del crimen de Alcásser, Miguel Ricart.
En el juicio también comparecen como acusados la presentadora del programa emitido por Canal 9, Amalia Garrigós, y el director del mismo, Ferrán Pérez, para quienes el fiscal solicita sendas penas de 4 años de prisión.
Durante la celebración del juicio contra Ricart por el triple crimen de Alcàsser en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, entre mayo y julio de 1997, Canal 9 emitió "todas las tardes" un programa titulado "El juicio de Alcàsser".
Según relata la calificación del Ministerio Público, el espacio incluía una tertulia entre la presentadora y los invitados en la que se comentaba la sesión del juicio celebrada por la mañana.
En estas tertulias "se estuvieron profiriendo expresiones del todo maliciosas con respecto a las actuaciones del fiscal del caso, Enrique Beltrán", que entonces era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Estas expresiones también se dirigieron contra los peritos médicos y la Guardia Civil como institución, "no salvándose" de las mismas "ni los miembros del tribunal" de la Sección Segunda.
Comentario de Mercedes: Srs. Jueces, si quieren que los ciudadanos los respeten, deberían empezar ustedes por respetar al ciudadano.
¿De verdad quieren decirme que la manifiesta dejación de funciones de un juez con resultado de muerte, solo merece una CONDENA de 1.500 euros y los insultos de un padre a quien le han asesinado vilmente a su hija contra instancias policiales y judiciales vale 16 años de privación de libertad?
Suspendido el juicio contra el padre de una de las niñas de Alcàsser por injurias en Canal 9
* Es la tercera vez que se suspende la vista oral y aún no hay fecha para su celebración
* Fernando García se enfrenta a 16 años de prisión por descalificar al fiscan en televisión
Actualizado viernes 14/11/2008 18:38 (CET)
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EFE
VALENCIA.- El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha suspendido el juicio previsto para el próximo lunes contra Fernando García, padre de una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, que se enfrenta a 16 años de prisión por descalificar al fiscal y al tribunal en un programa de Canal 9.
Así lo han indicado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que no han podido precisar el motivo de la suspensión. La semana pasada, García solicitó un aplazamiento al encontrarse su abogado enfermo.
Esta es la tercera vez que se suspende esta vista oral y, de momento, según han informado las citadas fuentes, no se ha señalado una nueva fecha para su celebración.
García y el criminólogo Juan Ignacio Blanco se enfrentan a una pena de 16 años de prisión por descalificar al fiscal, a la Guardia Civil, a los forenses y a los tres magistrados del tribunal en un programa de la televisión autonómica valenciana, emitido mientras tenía lugar la vista oral contra el único autor juzgado del crimen de Alcásser, Miguel Ricart.
En el juicio también comparecen como acusados la presentadora del programa emitido por Canal 9, Amalia Garrigós, y el director del mismo, Ferrán Pérez, para quienes el fiscal solicita sendas penas de 4 años de prisión.
Durante la celebración del juicio contra Ricart por el triple crimen de Alcàsser en la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, entre mayo y julio de 1997, Canal 9 emitió "todas las tardes" un programa titulado "El juicio de Alcàsser".
Según relata la calificación del Ministerio Público, el espacio incluía una tertulia entre la presentadora y los invitados en la que se comentaba la sesión del juicio celebrada por la mañana.
En estas tertulias "se estuvieron profiriendo expresiones del todo maliciosas con respecto a las actuaciones del fiscal del caso, Enrique Beltrán", que entonces era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Estas expresiones también se dirigieron contra los peritos médicos y la Guardia Civil como institución, "no salvándose" de las mismas "ni los miembros del tribunal" de la Sección Segunda.
Comentario de Mercedes: Srs. Jueces, si quieren que los ciudadanos los respeten, deberían empezar ustedes por respetar al ciudadano.
¿De verdad quieren decirme que la manifiesta dejación de funciones de un juez con resultado de muerte, solo merece una CONDENA de 1.500 euros y los insultos de un padre a quien le han asesinado vilmente a su hija contra instancias policiales y judiciales vale 16 años de privación de libertad?
