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SOL - Edición Impresa
Por Felícia Cabrita
10-1-09
Ingleses tienen una lista de 15 sospechosos en el Caso Freeport que incluye un ministro de Guterres
Un ministro socialista del Gobierno de António Guterres es puesto en el punto de mira por las autoridades judiciales del Reino Unido en el marco de la investigación criminal en curso en este país sobre la licencia de construcción del Freeport de Alcochete – supo SOL a través de una fuente conocedora del proceso.
La policía inglesa investiga la eventual práctica de corrupción y fraude fiscal en Freeport Plc (una de la mayores promotoras y operadores de outlets en Europa) y presentó a la autoridades portuguesas un resumen de su investigación, en el que lista a 15 personas que habrían estado en el origen del desfalco a la empresa. Entre esos sospechosos, se encuentran administradores de Freeport, gobernantes portugueses, constructores y abogados – apareciendo a la cabeza el citado ministro.
Freeport fue construido en una zona calificada como Zona de Protección Especial (ZPE), en pleno Estuario del Tajo, habiendo sido viabilizado en uno de los últimos Consejos de Ministros del Gobierno de Guterres, en marzo de 2002.
“Sobornos” a través de paraísos fiscales
Grandes cantidades de dinero salieron desde la sede de la empresa en Londres que fueron transferidas a Portugal, a través de paraísos fiscales en Suiza y Gibraltar; para el pago de “sobornos”.
El proyecto del centro comercial, con 75 metros cuadrados estaba presupuestado en 250 millones de euros.
Su historia se remonta a 1999. Todo comenzó con la compra de la antigua fábrica de neumáticos de Firestone en Alcochete – junto a la zona de la reserva natural, calificada por la Unión Europea como contrapartida para viabilizar la construcción del Puente Vasco da Gama y su financiación con fondos comunitarios.
Ese año, la R.J. McKinney, otra promotora inglesa, consiguió una pre aprobación del plan, habiendo contratado una constructora portuguesa, la Smith & Pedro, como agente legal. Esta consultora tuvo como cometido obtener la licencia y aprobación local así como promover un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de un centro comercial multifuncional. Uno de los socios de la firma era Charles Smith – un ciudadano británico recientemente constituido arguido en la investigación inglesa.
En ese momento, además, el Ayuntamiento de Alcochete, en manos del CDU, respetó los compromisos establecidos entre el Estado portugués y la UE, ya que la zona que ocupaba el negocio (instalaciones de la Firestone y terrenos anexos, entre la zona denominada Hortas y la E.N.119) era una zona clasificada del Estuario del Tajo, destinada a la avifauna, en el ámbito de la Red Natura 2000. Las peticiones de licencias fueron, por eso, paralizadas, y el primer EIA llevado a cabo por rechazados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Los intereses de la McKinney, que se mantenían estancados, cambiaron entonces de manos. La Freeport Plc le compró los terrenos, habiendo conservado los servicios de la Smith&Pedro. Esta presentó un nuevo EIA, que acabó por tener el mismo destino que el primero: en 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por José Sócrates, lo rechazó con el argumento de que el proyecto arrastraba “elevadas cargas de visitantes y de ocupación que no armonizaban con los objetivos de política ambiental y de conservación de la naturaleza que llevaron a la creación de esta ZPE”.
Alarmados con la hipótesis de perder el dinero ya invertido, los ingleses redoblaron la diligencias.
En este contexto, según la policía inglesa, hay indicios de que Freeport “obtuvo autorizaciones ambientales del Gobierno portugués a través de este grupo de representación de intereses”. Smith & Pedro habría realizado diligencias de “aproximación” entre la presentación de los estudios de impacto ambiental, prometiendo “sobornos” de elevado montante para asegurar la aprobación.
En 2002, el 14 de marzo, tres días antes de las elecciones legislativas que derrocaron al PS del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que procedía a la redefinición de los límites de la ZPE del Tajo Internacional, aprobando igualmente el tercer EIA.
Lo extraño es que este que apenas contenía modificaciones insignificantes en relación al que fuera vetado en año antes, hubiese obtenido ahora el parecer favorable del Instituto de la Conservación de la Naturaleza (ICN), presidido por Carlos Guerra.
De acuerdo con estas decisiones, eran contrariados los límites de zonas de conservación del estatuto comunitario – sin discusión pública, ni estudios técnicos de base, ni tampoco la consulta obligatoria a la Comisión Europea (situando al Estado portugués en la inminencia de devolver los fondos comunitarios obtenidos para el Puente Vasco da Gama).
Ingleses piden datos bancarios.
Recuerdese que, en febrero de 2005, el Ministerio Público de Montijo abrió una investigación sobre la viabilidad de Freeport, por sospechas de corrupción. La Policía Judiciaria de Setúbal efectuó entonces registros en el Ayuntamiento de Alcochete, en la sede de Freeport y en otras empresas, concretamente en el despacho de la Smith & Pedro.
Desde ahí las autoridades inglesas han estado en contacto con sus homólogos portugueses, habiendo incluso propuesto la creación de un equipo de investigación conjunto, el 9 de septiembre.
Esa hipótesis fue discutida en una reunión al más alto nivel en La Haya (Holanda), en Eurojust (organismo de cooperación judiciaria europea), en noviembre del pasado año. En este encuentro, la representación portuguesa fue liderada por Cândida Almeida, procuradora coordinadora del DCIAP, e integrada por los dos magistrados que tienen la investigación entre manos, además de dos directores adjuntos de la PJ, Pedro do Carmo y Moreira da Silva.
La posibilidad de constitución de un equipo conjunto acabó por ser puesta de lado, pero se acordó que cada parte continuaría con su investigación de forma autónoma, recurriendo al intercambio de información y de documentos aprendidos.
Después de ese encuentro, según pudo averiguar SOL, las autoridades inglesas enviaron al Ministerio Público una carta rogatoria pidiendo información financiera de varias cuentas bancarias, copias de las declaraciones de personas que ya fueron oídas durante el proceso portugués y datos informáticos contables aprendidos.
Traducción de Mercedes
Para hacer comentarios: Aquí
English translation: Joana Morais
Por Felícia Cabrita
10-1-09
Ingleses tienen una lista de 15 sospechosos en el Caso Freeport que incluye un ministro de Guterres
Un ministro socialista del Gobierno de António Guterres es puesto en el punto de mira por las autoridades judiciales del Reino Unido en el marco de la investigación criminal en curso en este país sobre la licencia de construcción del Freeport de Alcochete – supo SOL a través de una fuente conocedora del proceso.
La policía inglesa investiga la eventual práctica de corrupción y fraude fiscal en Freeport Plc (una de la mayores promotoras y operadores de outlets en Europa) y presentó a la autoridades portuguesas un resumen de su investigación, en el que lista a 15 personas que habrían estado en el origen del desfalco a la empresa. Entre esos sospechosos, se encuentran administradores de Freeport, gobernantes portugueses, constructores y abogados – apareciendo a la cabeza el citado ministro.
Freeport fue construido en una zona calificada como Zona de Protección Especial (ZPE), en pleno Estuario del Tajo, habiendo sido viabilizado en uno de los últimos Consejos de Ministros del Gobierno de Guterres, en marzo de 2002.
“Sobornos” a través de paraísos fiscales
Grandes cantidades de dinero salieron desde la sede de la empresa en Londres que fueron transferidas a Portugal, a través de paraísos fiscales en Suiza y Gibraltar; para el pago de “sobornos”.
El proyecto del centro comercial, con 75 metros cuadrados estaba presupuestado en 250 millones de euros.
Su historia se remonta a 1999. Todo comenzó con la compra de la antigua fábrica de neumáticos de Firestone en Alcochete – junto a la zona de la reserva natural, calificada por la Unión Europea como contrapartida para viabilizar la construcción del Puente Vasco da Gama y su financiación con fondos comunitarios.
Ese año, la R.J. McKinney, otra promotora inglesa, consiguió una pre aprobación del plan, habiendo contratado una constructora portuguesa, la Smith & Pedro, como agente legal. Esta consultora tuvo como cometido obtener la licencia y aprobación local así como promover un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de un centro comercial multifuncional. Uno de los socios de la firma era Charles Smith – un ciudadano británico recientemente constituido arguido en la investigación inglesa.
En ese momento, además, el Ayuntamiento de Alcochete, en manos del CDU, respetó los compromisos establecidos entre el Estado portugués y la UE, ya que la zona que ocupaba el negocio (instalaciones de la Firestone y terrenos anexos, entre la zona denominada Hortas y la E.N.119) era una zona clasificada del Estuario del Tajo, destinada a la avifauna, en el ámbito de la Red Natura 2000. Las peticiones de licencias fueron, por eso, paralizadas, y el primer EIA llevado a cabo por rechazados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Los intereses de la McKinney, que se mantenían estancados, cambiaron entonces de manos. La Freeport Plc le compró los terrenos, habiendo conservado los servicios de la Smith&Pedro. Esta presentó un nuevo EIA, que acabó por tener el mismo destino que el primero: en 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por José Sócrates, lo rechazó con el argumento de que el proyecto arrastraba “elevadas cargas de visitantes y de ocupación que no armonizaban con los objetivos de política ambiental y de conservación de la naturaleza que llevaron a la creación de esta ZPE”.
Alarmados con la hipótesis de perder el dinero ya invertido, los ingleses redoblaron la diligencias.
En este contexto, según la policía inglesa, hay indicios de que Freeport “obtuvo autorizaciones ambientales del Gobierno portugués a través de este grupo de representación de intereses”. Smith & Pedro habría realizado diligencias de “aproximación” entre la presentación de los estudios de impacto ambiental, prometiendo “sobornos” de elevado montante para asegurar la aprobación.
En 2002, el 14 de marzo, tres días antes de las elecciones legislativas que derrocaron al PS del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que procedía a la redefinición de los límites de la ZPE del Tajo Internacional, aprobando igualmente el tercer EIA.
Lo extraño es que este que apenas contenía modificaciones insignificantes en relación al que fuera vetado en año antes, hubiese obtenido ahora el parecer favorable del Instituto de la Conservación de la Naturaleza (ICN), presidido por Carlos Guerra.
De acuerdo con estas decisiones, eran contrariados los límites de zonas de conservación del estatuto comunitario – sin discusión pública, ni estudios técnicos de base, ni tampoco la consulta obligatoria a la Comisión Europea (situando al Estado portugués en la inminencia de devolver los fondos comunitarios obtenidos para el Puente Vasco da Gama).
Ingleses piden datos bancarios.
Recuerdese que, en febrero de 2005, el Ministerio Público de Montijo abrió una investigación sobre la viabilidad de Freeport, por sospechas de corrupción. La Policía Judiciaria de Setúbal efectuó entonces registros en el Ayuntamiento de Alcochete, en la sede de Freeport y en otras empresas, concretamente en el despacho de la Smith & Pedro.
Desde ahí las autoridades inglesas han estado en contacto con sus homólogos portugueses, habiendo incluso propuesto la creación de un equipo de investigación conjunto, el 9 de septiembre.
Esa hipótesis fue discutida en una reunión al más alto nivel en La Haya (Holanda), en Eurojust (organismo de cooperación judiciaria europea), en noviembre del pasado año. En este encuentro, la representación portuguesa fue liderada por Cândida Almeida, procuradora coordinadora del DCIAP, e integrada por los dos magistrados que tienen la investigación entre manos, además de dos directores adjuntos de la PJ, Pedro do Carmo y Moreira da Silva.
La posibilidad de constitución de un equipo conjunto acabó por ser puesta de lado, pero se acordó que cada parte continuaría con su investigación de forma autónoma, recurriendo al intercambio de información y de documentos aprendidos.
Después de ese encuentro, según pudo averiguar SOL, las autoridades inglesas enviaron al Ministerio Público una carta rogatoria pidiendo información financiera de varias cuentas bancarias, copias de las declaraciones de personas que ya fueron oídas durante el proceso portugués y datos informáticos contables aprendidos.
Traducción de Mercedes
Para hacer comentarios: Aquí
English translation: Joana Morais
