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LUSA
En la última sesión del juicio, realizado a mediados de diciembre pasado, también con la misma finalidad, el abogado de Leonor Cipriano entregó en el tribunal un requerimiento para que fueran oídos 16 testigos, para realizar el contradictorio.
El primer testigo presentado en el requerimiento es Leonor Cipriano, demandante en este proceso, formando también parte de la lista de testigos pretendidos por Marcos Aragão Correia el profesor catedrático de medicina legal Pinto da Costa, el inspector del Ministerio Público Alípio Ribeiro y la directora del Establecimiento Penitenciario de Odemira, Ana Maria Calado.
El requerimiento se fundamenta, según el abogado de la madre de Joana, en la necesidad de esclarecer “contradicciones” de la demandante invocadas por los arguidos y aclarar si a la misma le fue inyectada alguna droga en el Hospital de Faro, con el propósito de perturbar su capacidad.
El proceso sobre la supuesta agresión a Leonor Cipriano por parte de los inspectores de la PJ está relacionado con el denominado “caso Joana”, que se remonta al 12 de septiembre de 2004, día en que la niña, de ocho años, desapareció del pueblo de Figueira, Portimão, Algarve.
Las acusaciones del Ministerio Público contra cinco inspectores y ex inspectores de la Judiciaria surgieron en el marco de los interrogatorios en la PJ de Faro en 2004, momento en el que Leonor habría aparecido con lesiones en la cara y cuerpo en el Establecimiento Penitenciario de Odemira, donde estaba en prisión preventiva.
Tres inspectores están acusados de un delito de tortura, un está acusado del delito de falso testimonio y omisión de denuncia y un quinto está acusado por el delito de falsificación de documento público.
La madre de Joana, Leonor Cipriano, y su tío, João Cipriano, están condenados por el Tribunal Supremo de Justicio a 16 años de prisión cada uno, por los crímenes de homicidio y ocultación de cadáver de la niña.
MAD.
Lusa/Fim
Traducción de Mercedes
El primer testigo presentado en el requerimiento es Leonor Cipriano, demandante en este proceso, formando también parte de la lista de testigos pretendidos por Marcos Aragão Correia el profesor catedrático de medicina legal Pinto da Costa, el inspector del Ministerio Público Alípio Ribeiro y la directora del Establecimiento Penitenciario de Odemira, Ana Maria Calado.
El requerimiento se fundamenta, según el abogado de la madre de Joana, en la necesidad de esclarecer “contradicciones” de la demandante invocadas por los arguidos y aclarar si a la misma le fue inyectada alguna droga en el Hospital de Faro, con el propósito de perturbar su capacidad.
El proceso sobre la supuesta agresión a Leonor Cipriano por parte de los inspectores de la PJ está relacionado con el denominado “caso Joana”, que se remonta al 12 de septiembre de 2004, día en que la niña, de ocho años, desapareció del pueblo de Figueira, Portimão, Algarve.
Las acusaciones del Ministerio Público contra cinco inspectores y ex inspectores de la Judiciaria surgieron en el marco de los interrogatorios en la PJ de Faro en 2004, momento en el que Leonor habría aparecido con lesiones en la cara y cuerpo en el Establecimiento Penitenciario de Odemira, donde estaba en prisión preventiva.
Tres inspectores están acusados de un delito de tortura, un está acusado del delito de falso testimonio y omisión de denuncia y un quinto está acusado por el delito de falsificación de documento público.
La madre de Joana, Leonor Cipriano, y su tío, João Cipriano, están condenados por el Tribunal Supremo de Justicio a 16 años de prisión cada uno, por los crímenes de homicidio y ocultación de cadáver de la niña.
MAD.
Lusa/Fim
Traducción de Mercedes
