Private Eye – Edición impresa
No: 1246
2 de Octubre de 2009
El mes pasado una cierta institución obtuvo una orden judicial para evitar que cierto periódico publicase cierto documento. No se puede decir más que eso; hacerlo supone un gran peligro.
La batalla entre la libertad de prensa y la censura previa se remonta por lo menos a la era de John Wilkes. “Wilkes y Libertad” era la consigna de sus seguidores en el siglo XVIII, y hace unos cuantos años parecía que la Libertad estaba finalmente ganando. Si una empresa o individuo intentaba censurar previamente a un periódico pero el periódico decía que podría justificar la historia en cualquier futura demanda, la tendencia de los jueces era decir “publiquen y sean demandados”. Durante un tiempo, las órdenes preventivas de los altos tribunales parecían seguir el camino de Spangles and the Bay City Rollers.
Ahora no. Gracias a algunos abogados agresivos y jueces temerosos, la censura previa resulta ser ahora una industria floreciente. Si los abogados se huelen que uno de sus clientes está a punto de ser avergonzado, a última hora de la tarde contactan con el juez de guardia – frecuentemente uno que no tiene experiencia en libelo o leyes de los medios de comunicación. Y el juez, localizado por teléfono mientras cena y medio viendo Coronation Street (una serie histórica en Reino Unido), peca de cauteloso. El periódico incluso puede no ser consciente de esta “audiencia sin notificación”, mucho menos tener la oportunidad de defender su caso.
Pero eso no es todo. La nueva generación de súper-requerimientos es mucho más opresiva que los mandamientos judiciales tradicionales bajo los cuales un periódico o canal de televisión es (quizás temporalmente) prohibido de publicar una denuncia concreta. Normalmente incluye una orden para que “la publicación de toda información relacionada con ese procedimiento o de información que los describa su intención que expresamente prohibida.” En otras palabras, nadie puede informar de que la orden ha sido emitida, o quien la ha solicitado. Incluso la identidad del juez y el periódico permanecen secretos, y cualquier que incluso los insinúe “puede ser detenido por desacato al tribunal y podría ser encarcelado, multado o ver sus bienes incautados”.
Así ocurrió el pasado año cuando Andrew Marr obtuvo una orden judicial para detener a los medios de revelar “información privada” sobre él – y para evitar que revelaran que él los había parado. Marr en persona argumentó públicamente contra el hecho de que un juez dictara leyes de privacidad y solicitó un debate público sobre el tema. Cualquier debate en esta línea debería incluir alguna referencia del efecto de los súper-requerimientos; aunque Marr, al igual que muchos otros durante esos días, fue tan draconiano que uno no podía mencionar su existencia. Ni se nos permitió saber en base a qué había sido emitido. Después de una larga lucha de los abogados de Lord Gnome, la orden fue modificada para que por lo menos pudiésemos decir que la había obtenido, siempre que no repitiéramos la historia que él deseaba suprimir.
Algo similar ocurrió el año pasado, cuando otro presentador de TV consiguió una orden de silencio deteniendo la publicación del hecho de que el presentador había recibido una amenaza de muerte por parte de la emisora para la que trabajaba. Incluso los hechos de la sentencia previa no podían ser hechos públicos bajo los términos originales del requerimiento. Fue solo después de más presiones de los abogados de Lord Gnome que se logró esta concesión.
El corresponsal jurídico del Guardian apuntó la pasada semana que “es imposible decir simplemente cuántos de estos casos hay”, ya que nadie puede informar o discutir sobre ellos – aunque el Eye sabe que un Diputado espera romper la conspiración de silencio, bajo privilegio parlamentario, cuando se reúna la Cámara de los Comunes a finales de mes. Pero está claro que ellos se están reproduciendo y germinando como la mala hierba: “The Guardian, por ejemplo, ha sido objeto de por lo menos 12 notificaciones de medidas cautelares de las que no pueden informar en lo que va de año, comparado con las seis que recibieron durante todo el año 2006 y cinco en 2005.”
A lo que algunos lectores podría decir: ¿Y qué? ¿Se empobrecen nuestras vidas al no permitirnos conocer que un presentador ha sido amenazado de muerte, o que desea mantener su vida privada, privada? Pero por supuesto no solo son las celebridades vergonzosas quienes se benefician de estas medidas drásticas contra la libre expresión. Otros personajes públicos y corporaciones se han apresurado a aprovechar la oportunidad de marcar la casilla “sin publicidad” y frenar el escrutinio de los medios de comunicación sobre su conducta.
Los lectores de Eye no necesitarán que se le recuerde el súper interdicto conseguido por Carter-Fuck, en nombre Michael Napier, ex Presidente de la Law Society, para detenernos de informar que había sido oficialmente censurado por violar las normas de conflicto de intereses. “La libertad de informar sobre la verdad es un bien preciado tanto por la libertad de la persona como por el bien de toda la sociedad,” dijo el tribunal de apelaciones cuando falló a nuestro favor después de cinco meses de batalla legal. Estos sentimientos nobles claramente no consiguieron impresionar a algunos jueces del alto tribunal que han continuado emitiendo medidas cautelares como cabro***.
En una reciente solicitud de un súper-interdicto, la Comisión de Quejas de los reclamantes explicó al juez porqué el periódico no debería ser solo prohibido de publicar su historia sino también prohibido de hacer alusión a la orden de silencio: si se permitiera informar sobre la medida cautelar, probablemente publicaría un artículo acusando a sus clientes de intentar amordazar a la prensa.
Lo que por supuesto, es precisamente lo que estaban haciendo. El súper interdicto fue diligentemente concedido.
Con nuestro agradecimiento a McCann Files
Traducción de Mercedes
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