El Blog de George Monbiot
Las leyes de difamación que intentó utilizar Trafigura ya no deben ser permitidas para ocultar negligencias empresariales o sofocar las críticas.
Los miembros del equipo especializado en el tratamiento de vertidos tóxicos toman muestras de los residuos tóxicos vertidos en Akouedo, Costa de Marfil. Fotografía: Issouf Sanogo/AFP
Si no estás convencido que las leyes de difamación británicas operan contra el interés público, echa un vistazo al caso Trafigura. Miles de africanos cayeron enfermos y un número indeterminado murió en 2006 después de que cientos de toneladas de residuos de aceite tóxico fuesen vertidos en zonas con una densidad de población muy alta en Costa de Marfil.
Ahora que el Guardian ha encontrado el arma del delito –los cínicos y vergonzosos e-mails de Trafigura discutiendo la creación y eliminación de residuos peligrosos- los intentos de la compañía para sofocar las críticas han fracasado. Pero hasta ahora la cobertura del caso en Reino Unido, con algunas honorables excepciones tal como Newsnight y los equipos de investigación del Guardian, curiosamente han sido silenciados. Este podría ser uno de los casos más graves de asesinato empresarial y lesiones desde el desastre de Bhopal, pero muchos de los medios de comunicación no lo tocarían ni de lejos.
La razón no es difícil de adivinar: Trafigura ha lanzado amenazas legales (pdf) como confeti. Es cierto que la empresa también ha amenazado a los periodistas en los Países Bajos y Noruega, pero la ley es mucho menos amable con los demandantes en esos países, y sus amenazas han sido tomadas menos en serio.
En Reino Unido, el libelo (o difamación) es utilizado como sedición del hombre rico, sofocando la crítica y exposición de todo tipo de negligencia. Remontando al siglo XIII, fue reformulado durante los pasados 200 años específicamente para proteger personas pudientes de las críticas, basándose en la presunción de que cualquier comentario despectivo realizado contra un caballero debe ser falso. La ley de difamación es el único instrumento británico que hace recaer la carga de la prueba en el demandado. Teniendo en cuenta los excesivos gastos implicados, no es de extrañar que desanime a la gente de investigar los abusos de poder.
¿Cuántas Trafiguras se han salido con la suya amenazando a los críticos con las leyes de difamación británicas? ¿Cuántos Robert Maxwells han conseguido esquivar los intentos de demostrar que han robado, engañado y mentido? Estas leyes, inicuas y obsoletas están amenazando la democracia, son una amenaza para la sociedad, una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Deben ser revocadas.
Traducción de Mercedes
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