Los abogados de Trafigura han intentado hacerse un sitio en el campo de la “gestión de la reputación” empresarial.
Carter-Ruck está, según presumen ellos mismos, entre los bufetes de abogados más agresivos que pueden ser contratadas por una empresa ansiosa de evitar una cobertura mediática hostil. Recientemente, la firma ha intentado hacerse un sitio en el campo de la “gestión de la reputación” empresarial. Esto implica hacer uso de unas leyes de libelo británicas de naturaleza restrictiva y un alarde de confianza, trabajando estrechamente con firmas pertenecientes a grupos de presión (lobbyists) en el campo de las relaciones públicas.
La firma no sale barata, con socios que se cree facturan más de 450 libras la hora por sus servicios. Sin embargo, Carter-Ruck también ha destacado, entre las firmas que han desarrollado el tan criticado “acuerdo de honorarios condicionados” como arma para el libelo. Bajo esta regla de, “sin éxito, sin honorarios”, los críticos alegan que un cliente sin dinero puede chantajear a las organizaciones de medios de comunicación. Si gana el caso ante un tribunal, la firma puede facturar hasta el doble en concepto de honorarios al periódico o emisora. Pero si el medio de comunicación se defiende exitosamente, le resultará difícil recuperar sus propias costas legales.
La firma ha actuado exitosamente para víctimas de las injusticias de los medios de comunicación, ganando una indemnización en concepto de daños y perjuicios sin precedentes para la familia McCann, por ejemplo, cuando los tabloides publicaron historias dando falsamente a entender que ellos eran los culpables de la desaparición de su hija Madeleine en Portugal.
En el caso de Trafigura, el socio de Carter-Ruck Adam Tudor, ha estado coordinando los pasos legales con Neil Cameron de Bell Ponttinger, la firma perteneciente al grupo de presión fundada por Tim Bell, una vez el Relaciones Públicas favorito de Margaret Thatcher. Han llevado las acciones legales, querellas o amenazas contra organizaciones de medios de comunicación extranjeros, incluido el periódico holandés Wolkskrant y el canal de TV noruego channel NRK. También presentaron una demanda por libelo contra Martyn Day, socio principal del bufete de abogados que interpuso una demanda por compensación en nombre de 30.000 africanos que dicen haber enfermado por los vertidos tóxicos de Trafigura. Otro caso de libelo, que todavía está vivo, fue iniciado contra la BBC después de la emisión de un programa sobre los vertidos tóxicos en Costa de Marfil en 2006.
En su página Web, Carter-Ruck promete que a menudo pueden “cortar de raíz”, la perspectiva de una cobertura mediática adversa saltándose a los periodistas para dirigirse directamente a los abogados del periódico haciendo amenazas. Se jactan de ser capaces de obtener medidas cautelares prohibiendo la publicación de la información “frecuentemente en solo unas horas”. Afirman que tienen amplia experiencia trabajando junto a agencias de relaciones públicas en nombre de corporaciones de primera fila “que se enfrentan a intereses mediáticos sostenidos y hostiles”.
Traducción de Mercedes
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